Una interceptación telefónica incrimina al empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt en el caso de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, desaparecida en noviembre de 2024. La familia y organizaciones de derechos humanos exigen que la Fiscalía de Los Ríos lo formalice y que el Estado cumpla las medidas cautelares de la CIDH.
Julia Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad indígena Putreguel en la Región de Los Ríos y defensora del bosque nativo, desapareció el 8 de noviembre de 2024 cuando salió a buscar ganado. Su familia denunció hostigamientos previos por parte del empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt, quien buscaba explotar las tierras comunitarias.
Casi un año después, las abogadas Male Santana y Karina Riquelme accedieron a una interceptación telefónica autorizada judicialmente. En la transcripción, Morstadt le confesaba a su padre que “a Julia la quemaron”.
La prueba fue presentada el 30 de septiembre en una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional y el Comité Ético contra la Tortura. La familia acusó a la Fiscalía de ocultar la evidencia y de centrar la investigación en sus propios miembros.
Según el medio El Periódico, la PDI identificó a Morstadt como “sujeto de interés prioritario” desde el comienzo del caso, pero el empresario no ha sido formalizado. Los hijos de Julia Chuñil y su equipo legal reclaman que la línea investigativa se desvió hacia ellos, empleando testigos de identidad reservada y vulnerando el debido proceso.
La revelación del audio motivó que diputadas y diputados de distintas bancadas solicitaran una sesión especial en la Cámara para citar al fiscal nacional Ángel Valencia, a la PDI y a Carabineros, con el fin de conocer el estado de la investigación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también anunció un seguimiento del caso y la incorporación de la escucha telefónica en su evaluación de los esfuerzos estatales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en marzo de 2025, ordenando al Estado chileno garantizar una investigación diligente. Sin embargo, organizaciones sociales y ambientales afirman que las medidas no han derivado en una búsqueda efectiva ni en la protección de las personas defensoras de la tierra.
En respuesta a la nueva evidencia, la familia de Julia Chuñil convoca a una marcha nacional para el próximo 8 de noviembre, al cumplirse un año de su desaparición, y pide apoyo ciudadano a través de la campaña #JusticiaPorJuliaChunil.
