Señor Director:

La reciente encuesta Pulso Ciudadano mostró que un 42,7 % de los encuestados considera que la delincuencia es el principal problema del país, seguida por la corrupción (29,2 %) y la inmigración (29 %). Estos datos revelan un malestar ciudadano que no podemos ignorar y justifican la exigencia de políticas públicas más efectivas en seguridad, justicia y control fronterizo. Sin embargo, el debate público suele simplificarse hasta convertir a los migrantes en chivos expiatorios de nuestra inseguridad, lo que además de injusto es contraproducente.

Un informe reciente de la fundación porCausa recuerda que los migrantes aportan un 10,3 % del PIB chileno pese a representar el 8,7 % de la población, que su mayor tasa de participación laboral explica la mitad del crecimiento económico de la última década y que su presencia no supone una carga fiscal. Cada migrante aporta en promedio 604 dólares netos al Estado, más de tres veces lo que aporta un nativo. Estas cifras derriban el mito de que la inmigración empobrece a Chile y evidencian que, bien gestionada, puede ser parte de la solución a nuestro envejecimiento demográfico y a la necesidad de mano de obra.

La ciudadanía tiene derecho a exigir un Estado que controle la delincuencia con eficacia, pero también tiene la responsabilidad de no caer en discursos simplistas ni xenófobos. Combatir la corrupción en el sistema judicial y dotar de recursos a las policías para desarticular bandas criminales es tan urgente como regularizar a quienes han llegado a trabajar y aportar. A largo plazo, una política migratoria inteligente y humana fortalecerá nuestra economía y nuestra democracia.

Atentamente,

Marcela Álvarez

Socióloga y especialista en políticas públicas.

Santiago