Señor Director:

Soy profesora normalista jubilada y escribo estas líneas con profunda preocupación. Después de más de 35 años formando generaciones en distintas escuelas públicas de nuestro país, mi pensión apenas supera los $250.000. Con esa cifra debo cubrir alimentación, cuentas básicas y medicamentos que no me entrega el sistema de salud.

Según un estudio de la Fundación SOL (2023), ocho de cada diez pensiones de vejez en Chile no superan el salario mínimo, lo que refleja una precariedad estructural del sistema previsional. Esta realidad no solo afecta a quienes trabajamos en condiciones vulnerables, sino también a profesionales del área de la educación, la salud y otros servicios públicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) ha señalado que “las pensiones deben garantizar un ingreso adecuado que permita vivir con dignidad durante la vejez” (p. 14). Sin embargo, en Chile esta garantía sigue siendo una deuda pendiente.

Es doloroso escuchar discursos sobre modernización y progreso cuando la realidad de los adultos mayores es de carencias y de incertidumbre. La vejez no debiera ser sinónimo de pobreza ni abandono. Quienes dedicamos nuestra vida a la enseñanza merecemos un reconocimiento justo: no pedimos lujos, pedimos dignidad.

Atentamente,
María Inés Rojas
Profesora normalista jubilada