Soy profesora normalista jubilada y escribo estas líneas con profunda preocupación. Después de más de 35 años formando generaciones en distintas escuelas públicas de nuestro país, mi pensión apenas supera los $250.000. Con esa cifra debo cubrir alimentación, cuentas básicas y medicamentos que no me entrega el sistema de salud.

Según un estudio de la Fundación SOL (2023), ocho de cada diez pensiones de vejez en Chile no superan el salario mínimo, lo que refleja una precariedad estructural del sistema previsional. Esta realidad no solo afecta a quienes trabajamos en condiciones vulnerables, sino también a profesionales del área de la educación, la salud y otros servicios públicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) ha señalado que “las pensiones deben garantizar un ingreso adecuado que permita vivir con dignidad durante la vejez” (p. 14). Sin embargo, en Chile esta garantía sigue siendo una deuda pendiente.

Es doloroso escuchar discursos sobre modernización y progreso cuando la realidad de los adultos mayores es de carencias y de incertidumbre. La vejez no debiera ser sinónimo de pobreza ni abandono. Quienes dedicamos nuestra vida a la enseñanza merecemos un reconocimiento justo: no pedimos lujos, pedimos dignidad.

Atentamente,
María Inés Rojas
Profesora normalista jubilada

Esa lógica cortoplacista se evidencia en la Patagonia, donde el Gobierno impulsa una ley de acuicultura sin resolver el desastre ambiental que ha generado la salmonicultura. La industria presiona para expandirse; los ambientalistas recuerdan que las áreas protegidas no son un terreno de sacrificio. Entre tanto, la restauración de ecosistemas sigue siendo una promesa incumplida y el almacenamiento de energías renovables, clave para la transición, apenas avanza. En esta encrucijada, el Ejecutivo parece olvidar que la confianza en las instituciones se construye con hechos, no con titulares.

El desarrollo económico no se contradice con la protección ambiental; de hecho, dependerá de ella. El hidrógeno verde y el litio no serán motores de futuro si su explotación devasta comunidades y reservas de agua.

La obsesión por “agilizar permisos” para atraer inversión solo generará más conflictos socioambientales y frenará los proyectos que realmente necesitamos. Un país que destruye sus bosques, ríos y mares para obtener ganancias rápidas condena a sus ciudadanos a sufrir sequías, inundaciones y conflictos territoriales.

La alternativa pasa por repensar el modelo: priorizar la eficiencia energética, invertir en ciencia y tecnología para la captura y almacenamiento de energía limpia, y crear instancias de diálogo vinculantes con comunidades y científicos. Esto no solo elevará nuestros estándares ambientales, sino que generará empleo y atraerá inversión responsable. La verdadera reactivación no se logra diluyendo normas, sino construyendo un desarrollo con futuro, donde el crecimiento y la naturaleza dejen de ser enemigos y se conviertan en aliados.

Oscar Pérez Castro

La reciente encuesta Pulso Ciudadano mostró que un 42,7 % de los encuestados considera que la delincuencia es el principal problema del país, seguida por la corrupción (29,2 %) y la inmigración (29 %). Estos datos revelan un malestar ciudadano que no podemos ignorar y justifican la exigencia de políticas públicas más efectivas en seguridad, justicia y control fronterizo. Sin embargo, el debate público suele simplificarse hasta convertir a los migrantes en chivos expiatorios de nuestra inseguridad, lo que además de injusto es contraproducente.

Un informe reciente de la fundación porCausa recuerda que los migrantes aportan un 10,3 % del PIB chileno pese a representar el 8,7 % de la población, que su mayor tasa de participación laboral explica la mitad del crecimiento económico de la última década y que su presencia no supone una carga fiscal. Cada migrante aporta en promedio 604 dólares netos al Estado, más de tres veces lo que aporta un nativo. Estas cifras derriban el mito de que la inmigración empobrece a Chile y evidencian que, bien gestionada, puede ser parte de la solución a nuestro envejecimiento demográfico y a la necesidad de mano de obra.

La ciudadanía tiene derecho a exigir un Estado que controle la delincuencia con eficacia, pero también tiene la responsabilidad de no caer en discursos simplistas ni xenófobos. Combatir la corrupción en el sistema judicial y dotar de recursos a las policías para desarticular bandas criminales es tan urgente como regularizar a quienes han llegado a trabajar y aportar. A largo plazo, una política migratoria inteligente y humana fortalecerá nuestra economía y nuestra democracia.

Atentamente,

Marcela Álvarez

Socióloga y especialista en políticas públicas.

Santiago

Las implicancias son graves. De haber existido una norma como esta en el pasado, jamás habríamos conocido la verdad detrás de casos emblemáticos de corrupción como Penta, SQM, Dominga, Enjoy, Torrealba o los más recientes Hermosilla, ProCultura y Democracia Viva. Todos ellos podrían haber quedado sepultados bajo un manto de impunidad. La amenaza no se limita a la prensa: cualquier persona podría ser perseguida por difundir información de interés público.

Por qué debemos preocuparnos: ejemplos de otras “leyes mordaza”. En España, la Ley Orgánica 4/2015 (“Ley Mordaza”) otorga amplios poderes a la policía y limita la difusión de imágenes de agentes; en Cuba, la Ley 88/1999 se usó para encarcelar a decenas de periodistas; en Puerto Rico, la Ley 53 de 1948 prohibía abogar por la independencia; en Perú, una reforma al Código Penal discutida en 2024‑2025 buscaba aumentar las penas por difamación.

Todas se presentaron como herramientas de seguridad, pero terminaron siendo instrumentos para silenciar a la prensa y blindar la corrupción.

A ello se suma la fragilidad de nuestro ecosistema mediático: el 47,5 % de las comunas son desiertos informativos y la aridez llega al 75 % del territorio nacional. En esas zonas, la radio suele ser el único medio que informa de lo que ocurre. Proyectos como Diario El Informe existen precisamente para llenar ese vacío. Castigar la difusión de información no solo afecta a los periodistas, sino que priva a comunidades enteras del derecho a saber.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad. No permitiremos que se silencien las voces que denuncian ni que se restrinja la transparencia. Llamamos a nuestra audiencia —especialmente a las generaciones jóvenes— a informarse, reflexionar y alzar la voz. Comparte este mensaje, conviértelo en tendencia y exige a tus representantes que rechacen la Ley Mordaza 2.0. La defensa de la libertad de prensa no es solo una tarea de periodistas; es una causa ciudadana que compromete nuestro presente y nuestro futuro.

Julia Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad indígena Putreguel en la Región de Los Ríos y defensora del bosque nativo, desapareció el 8 de noviembre de 2024 cuando salió a buscar ganado. Su familia denunció hostigamientos previos por parte del empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt, quien buscaba explotar las tierras comunitarias.

Casi un año después, las abogadas Male Santana y Karina Riquelme accedieron a una interceptación telefónica autorizada judicialmente. En la transcripción, Morstadt le confesaba a su padre que “a Julia la quemaron”.

La prueba fue presentada el 30 de septiembre en una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional y el Comité Ético contra la Tortura. La familia acusó a la Fiscalía de ocultar la evidencia y de centrar la investigación en sus propios miembros.

Según el medio El Periódico, la PDI identificó a Morstadt como “sujeto de interés prioritario” desde el comienzo del caso, pero el empresario no ha sido formalizado. Los hijos de Julia Chuñil y su equipo legal reclaman que la línea investigativa se desvió hacia ellos, empleando testigos de identidad reservada y vulnerando el debido proceso.

La revelación del audio motivó que diputadas y diputados de distintas bancadas solicitaran una sesión especial en la Cámara para citar al fiscal nacional Ángel Valencia, a la PDI y a Carabineros, con el fin de conocer el estado de la investigación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también anunció un seguimiento del caso y la incorporación de la escucha telefónica en su evaluación de los esfuerzos estatales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en marzo de 2025, ordenando al Estado chileno garantizar una investigación diligente. Sin embargo, organizaciones sociales y ambientales afirman que las medidas no han derivado en una búsqueda efectiva ni en la protección de las personas defensoras de la tierra.

En respuesta a la nueva evidencia, la familia de Julia Chuñil convoca a una marcha nacional para el próximo 8 de noviembre, al cumplirse un año de su desaparición, y pide apoyo ciudadano a través de la campaña #JusticiaPorJuliaChunil.

Un total de 41 personas detenidas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas, fue el resultado de un proceso investigativo desarrollado en forma conjunta y coordinada por un equipo multidisciplinario de detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco, la Fiscalía Local de Lautaro, Servicio de Impuestos Internos y el FBI. 

El director general de PDI, Eduardo Cerna, detalló que se trató de “una investigación de larga data” y destacó “el trabajo de campo, indagatorio, las técnicas especiales, la acuciosidad de mis detectives, y destacar el tremendo aporte colaborativo y parte del equipo investigativo de personal del Servicio de Impuestos Internos. Eso demuestra que el ecosistema de seguridad funciona, cuando estamos todos preocupados, ocupados y dedicados a llevar adelante procesos investigativos complejos”.  

Cerna explicó que la banda criminal “bancarizó a personas que no tenían las condiciones para ser sujetos de crédito, se falsificaron instrumentos públicos, documentos, se usó el sistema que apunta al desarrollo económico en pro de actividades ilícitas, se crearon empresas bajo antecedentes falsos, se contratan seguros respecto de lo mismo, en realidad se vulneró el sistema completo con fines delictivos, buscar patrimonio ilícito”. 

La “Operación Imperio” iniciada en el mes de octubre del año 2024, tras diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, logró establecer el funcionamiento desde el 2019, de una organización criminal familiar, de estructura piramidal, compuesta por 50 personas, entre líderes, brazos operativos y testaferros, dedicada a cometer diversos delitos de carácter patrimonial, principalmente realizando acciones como la bancarización de personas a través falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad, obteniendo créditos y la creación de empresas ficticias, además de la compra y venta de vehículos. 

El fiscal jefe de La Araucanía, Roberto Garrido reveló que la organización criminal venía operando “al menos desde el año 2016”, lo que a su modo de ver, “da cuenta de que la criminalidad compleja en nuestra región existe, pero que existe también la capacidad técnica y humana de desbaratar este tipo de asociaciones delictivas. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque hemos definido como una de las prioridades de la región de La Araucanía la persecución de los delitos de corrupción, y esto es precisamente una forma de ello”. 

El próximo 16 de diciembre la Fiscalía de La Araucanía cumplirá 25 años de trabajo, en este contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que “este es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este período. Por primera vez, más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados, muy probablemente miles de millones de pesos también de perjuicio fiscal, es decir, en perjuicio de todos los chilenos como consecuencia de la actividad de esta red y nos parece muy valioso que en el contexto de esta fecha la Fiscalía Regional de La Araucanía dé cuentas de la eficacia y la persecución de los delitos económicos y tributarios en esta región”. 

Durante el transcurso de las indagatorias policiales, fue posible acreditar de forma preliminar un patrimonio de más de tres mil millones de pesos, correspondiente a inmuebles de alta valorización, cuentas corrientes, vehículos de alta gama en Chile y en el extranjero, una avioneta, todos bienes adquiridos con las ganancias obtenidas, provenientes de las actividades ilícitas detectadas. 

“Tenemos que empezar reconociendo la fortaleza que hay, primero, en la investigación que dirige el Ministerio Público, la forma de trabajar de las policías, de manejar la información y poder detectar cómo funciona y cómo utilizaban el sistema estas personas. Y, finalmente, la capacidad de trabajo colaborativo que permite la cooperación y la colaboración, dando un golpe histórico al patrimonio del lavado de activos del crimen en la región. (…) aunque el crimen se vista de lujo, igual se va a perseguir y la justicia igualmente va a llegar”, señaló el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano.  

Los operativos policiales se realizaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso, lugares donde además de las detenciones, se incautaron diversas especies entre ellas propiedades, vehículos y artículos electrónicos de alta gama, una avioneta, documentación y elementos asociados a la comisión de estos delitos y dinero en efectivo, entre otros. 

Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco. 

Diez de los doce nuevos SLEP previstos para el 1 de enero de 2026 iniciarán su gestión en esa fecha, mientras que los dos restantes postergarán su implementación para el 1 de enero de 2027. 

La medida, anunciada por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, busca consolidar la reforma de la educación pública con “responsabilidad y seriedad”. Según la autoridad, la decisión de postergar el traspaso en los SLEP de Antofagasta y Valle Chacapoal responde a la necesidad de garantizar un funcionamiento estable. “Nuestra prioridad es que cada SLEP comience su gestión con la madurez necesaria para garantizar continuidad y confianza”, declaró la subsecretaria. 

El proceso de traspaso, que ya opera en 24 Servicios Locales, se ampliará ahora a zonas de alta concentración de estudiantes, como el Valle de Aconcagua y Santiago Centro. Se trata de un hito crucial para la reforma, pues con esta etapa se ampliará la cobertura del nuevo sistema a más de 642 mil estudiantes y párvulos en más de 3 mil establecimientos y jardines infantiles en todo el país. 

El calendario de traspaso para enero de 2026 incluye a los SLEP de Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Marga Marga, Petorca, Puelche, Santiago Centro, Tamarugal y Valle Diguillín.  Por su parte, el SLEP de Antofagasta y el de Valle Chacapoal, en la región de O’Higgins, iniciarán sus procesos de instalación en 2027 para asegurar que cuenten con “todas las condiciones necesarias para un funcionamiento estable”, dijo Arratia. 

La decisión de postergar la entrada en funcionamiento de los dos SLEP se basó en evaluaciones técnicas de la Dirección de Educación Pública (DEP), que consideraron aspectos de gestión financiera, conformación de equipos directivos, planificación de infraestructura y acompañamiento pedagógico. 

Fuentes de Mineduc, enfatizan que la reforma avanza a “paso firme, consolidando cada etapa” y que el objetivo final es dar certezas y fortalecer la educación pública. Con esta nueva etapa, el gobierno proyecta haber instalado más de la mitad de los 70 SLEP que contempla la reforma, sentando una base sólida para el sistema educativo del país. 

El proceso ha sido objeto de debate en diversas instancias, donde se ha discutido la velocidad y las condiciones de la implementación. Las voces del gremio docente y de la comunidad educativa han señalado la importancia de que este traspaso no sea solo un cambio administrativo, sino que venga acompañado de mejoras sustanciales para los recintos educacionales, estudiantes y los trabajadores.  

 El martes 9 de septiembre de 2025, marcó el cierre de las eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Para Chile, en particular, ya no tenía chances de ir a la cita planetaria desde 10 de junio de 2025, tras perder 2-0 ante Bolivia en El Alto. Las próximas eliminatorias mundialistas comenzarían entre abril y junio del 2027 y la próxima edición de la copa América es el 2028. Esto significa prácticamente dos años sin competencias oficiales para el combinado Nacional. 

Es por esto que surge nuevamente el nombre de Manuel Pellegrini para dirigir la Selección y aunque él se ha mostrado dispuesto, siempre ha establecido ciertas condiciones, como el de un proyecto a largo plazo, no estar atado a algún contrato y tener a la gente idónea en la directiva de la ANFP.  

Y al parecer todo esto se está dando, dado que su contrato con el Betis finaliza en junio del 2026 y en diciembre de este año se renovará la dirigencia del ente rector del fútbol chileno. Así lo afirma Pedro Carcuro, el destacado periodista declaro esta semana: 

“Esto es con fuente de primera mano, no estoy chamullando. Si hay cambio en la directiva del fútbol, es muy probable, pero muy probable que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico de la selección chilena”.

Por otro lado, Arturo Salah, amigo del técnico, al ser consultado mencionó: 

“¿Se fijan que ahora, en las últimas entrevistas que dio, flexibilizó esa posibilidad? Siempre ha dicho que quiere cerrar su carrera dirigiendo a Chile”. 

Al parecer las condiciones están dadas y ya hay movimiento de parte de la Asociación Nacional de Fútbol para poder contar con Pellegrini, quien, a sus 72 años, es muy poco probable que encuentre nuevamente unas condiciones bastante similares a lo que él esperaba para asumir la responsabilidad de ser el DT de Chile. 

La noticia de que Italia ha declarado la obesidad como una enfermedad crónica es, en sí misma, un paso crucial. Pero para las mujeres y madres chilenas que, como yo, somos parte del programa Jefas de Hogar, esta decisión tiene un significado mucho más profundo y urgente. No es solo una cuestión de salud pública, sino también de reconocimiento social, de dignidad y de igualdad. 

En mi rol de presidenta de una organización de mujeres, veo a diario cómo la carga de la obesidad recae de forma desproporcionada sobre nuestros hombros, especialmente en los barrios y sectores más vulnerables. No es casualidad que las cifras de sobrepeso y obesidad en Chile sean alarmantes, con más del 74% de los adultos y un porcentaje preocupante de nuestros niños y niñas afectados. La obesidad no es una elección personal, no es falta de voluntad o flojera. Es, en muchos casos, el resultado de una suma de factores estructurales: la falta de acceso a alimentos frescos y nutritivos, la escasez de tiempo para cocinar debido a las dobles y triples jornadas laborales, y la nula o limitada oportunidad de realizar actividad física. 

Nuestras rutinas como jefas de hogar son un reflejo de este problema. La prioridad es el sustento de la familia, lo que muchas veces nos obliga a elegir la opción más rápida y económica: el alimento ultraprocesado que llena el estómago, pero que carece de valor nutricional. En los barrios, las ferias libres no siempre están disponibles, y las verdulerías ofrecen productos a precios inalcanzables. En cambio, el negocio de comida chatarra está a la vuelta de la esquina. 

Además, ¿cómo podemos hablar de ejercicio cuando muchas de nosotras trabajamos y cuidamos de la casa sin un momento libre, y cuando los parques y plazas de nuestras comunas no son seguros? 

La decisión de Italia nos invita a reflexionar: si la obesidad es una enfermedad, ¿por qué en Chile no la tratamos con la misma seriedad? Necesitamos políticas públicas que vayan más allá de las etiquetas nutricionales en los envases. Necesitamos apoyo real, campañas de salud mental que aborden la ansiedad y el estrés, programas de alimentación que sean accesibles y dignos para todos, y espacios seguros para el deporte en nuestras comunidades. 

Es hora de dejar de estigmatizar a quienes viven con obesidad y de reconocer que este es un problema sistémico que afecta especialmente a las mujeres, a los niños y a las familias de los sectores más desprotegidos. 

La obesidad en Chile es un asunto de derechos humanos, y la solución debe ser una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de quienes la padecen. 

Atentamente, 

Patricia Salas Vielma. 

Presidenta de la Organización Mujeres Unidas por el Progreso Comuna de Quintero.  

Atrás quedaron los días en que el éxito de un artista se medía únicamente por el rating o las ventas de discos. Hoy, los KPI (Key Performance Indicators) del estrellato son otros: los millones de reproducciones en Spotify, el engagement en Instagram, las visualizaciones en TikTok y la fidelidad de una comunidad que sigue tus pasos de cerca en plataformas como YouTube o Twitch. No es casualidad que figuras como Paloma Mami o Princesa Alba se hayan convertido en fenómenos. Su ascenso no fue orquestado por una discográfica multinacional en sus inicios, sino que partió de una estrategia de marketing digital innata, con un contenido visual y sonoro que conectaba directamente con una audiencia joven, que valora la autenticidad y el “hazlo tú mismo”. 

En la era del marketing de contenidos, los artistas se han convertido en sus propios jefes de marca. Ya no necesitan un equipo que les maneje la comunicación si ellos mismos son los generadores de ese contenido. El artista moderno es, a la vez, el creador, el publicista, el gestor de comunidad y el director de arte de su propio proyecto. Pensemos en el caso de Denise Rosenthal, que logró redefinir su carrera al pasar de ser una estrella juvenil de televisión a una referente de la música pop chilena. Su estrategia de branding personal en redes sociales, donde mezcla su música con un mensaje de empoderamiento y activismo, ha sido clave. Su marketing de influencia no es sobre vender un producto, sino sobre defender una causa, lo que genera una conexión mucho más profunda y duradera con sus seguidores. Es la demostración de que una estrategia de funnel de conversión en el mundo del arte ya no termina con una venta, sino con una comunidad leal y participativa. 

Esta transformación no es exclusiva del mundo musical. La comedia chilena también ha encontrado su nuevo escenario. Comediantes como Edo Caroe o el colectivo de El Sentido del Humor (con Luis Slimming a la cabeza) han demostrado que la risa puede ser un negocio rentable fuera de la televisión. Sus canales de YouTube y sus podcasts, financiados en parte por plataformas como Patreon, han construido un modelo de negocio sostenible basado en la fidelización de la audiencia. Ellos controlan su propio contenido, tienen una relación directa con su público y, lo más importante, no dependen de la aprobación de un canal para existir. 

Esta descentralización del poder mediático es una victoria para la libertad de expresión y la diversidad cultural. Sin embargo, no todo es color de rosa.

La precariedad laboral, el engagement efímero y la constante presión por generar contenido, son las caras menos glamorosas de este nuevo estrellato. El artista, en esta dinámica, se expone a una hipervigilancia de su vida personal y profesional, con una línea borrosa entre lo que se muestra y lo que realmente es. La viralización puede ser una bendición y una maldición, un impulso que te catapulta a la fama pero que también puede dejarte en el olvido al cabo de unos meses si el algoritmo decide que ya no eres relevante. 

El fenómeno de las redes sociales, para bien o para mal, ha democratizado el acceso al estrellato, aunque a la vez ha precarizado su base. Hoy, cualquier persona con talento y una buena estrategia de content marketing puede aspirar a tener una voz en el ecosistema cultural, sin importar si viene de Santiago o de regiones. La descentralización, de la que tanto hablamos en este medio, se vive en tiempo real a través de cada video de TikTok y cada stream de YouTube que se viraliza. 

El desafío para el periodismo cultural de hoy, y para los mismos artistas, es entender que el éxito no es solo un número. Es la capacidad de trascender el “like” para construir una carrera sólida y duradera, con una propuesta que se sostenga más allá de un trend pasajero. En un mundo donde todo es efímero, las verdaderas estrellas son las que, a pesar de los algoritmos y los feeds, logran mantener una conexión humana y auténtica con su público. Ese es el verdadero KPI del presente y futuro de la cultura en Chile.