Soy profesora normalista jubilada y escribo estas líneas con profunda preocupación. Después de más de 35 años formando generaciones en distintas escuelas públicas de nuestro país, mi pensión apenas supera los $250.000. Con esa cifra debo cubrir alimentación, cuentas básicas y medicamentos que no me entrega el sistema de salud.

Según un estudio de la Fundación SOL (2023), ocho de cada diez pensiones de vejez en Chile no superan el salario mínimo, lo que refleja una precariedad estructural del sistema previsional. Esta realidad no solo afecta a quienes trabajamos en condiciones vulnerables, sino también a profesionales del área de la educación, la salud y otros servicios públicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) ha señalado que “las pensiones deben garantizar un ingreso adecuado que permita vivir con dignidad durante la vejez” (p. 14). Sin embargo, en Chile esta garantía sigue siendo una deuda pendiente.

Es doloroso escuchar discursos sobre modernización y progreso cuando la realidad de los adultos mayores es de carencias y de incertidumbre. La vejez no debiera ser sinónimo de pobreza ni abandono. Quienes dedicamos nuestra vida a la enseñanza merecemos un reconocimiento justo: no pedimos lujos, pedimos dignidad.

Atentamente,
María Inés Rojas
Profesora normalista jubilada

Esa lógica cortoplacista se evidencia en la Patagonia, donde el Gobierno impulsa una ley de acuicultura sin resolver el desastre ambiental que ha generado la salmonicultura. La industria presiona para expandirse; los ambientalistas recuerdan que las áreas protegidas no son un terreno de sacrificio. Entre tanto, la restauración de ecosistemas sigue siendo una promesa incumplida y el almacenamiento de energías renovables, clave para la transición, apenas avanza. En esta encrucijada, el Ejecutivo parece olvidar que la confianza en las instituciones se construye con hechos, no con titulares.

El desarrollo económico no se contradice con la protección ambiental; de hecho, dependerá de ella. El hidrógeno verde y el litio no serán motores de futuro si su explotación devasta comunidades y reservas de agua.

La obsesión por “agilizar permisos” para atraer inversión solo generará más conflictos socioambientales y frenará los proyectos que realmente necesitamos. Un país que destruye sus bosques, ríos y mares para obtener ganancias rápidas condena a sus ciudadanos a sufrir sequías, inundaciones y conflictos territoriales.

La alternativa pasa por repensar el modelo: priorizar la eficiencia energética, invertir en ciencia y tecnología para la captura y almacenamiento de energía limpia, y crear instancias de diálogo vinculantes con comunidades y científicos. Esto no solo elevará nuestros estándares ambientales, sino que generará empleo y atraerá inversión responsable. La verdadera reactivación no se logra diluyendo normas, sino construyendo un desarrollo con futuro, donde el crecimiento y la naturaleza dejen de ser enemigos y se conviertan en aliados.

Oscar Pérez Castro

La reciente encuesta Pulso Ciudadano mostró que un 42,7 % de los encuestados considera que la delincuencia es el principal problema del país, seguida por la corrupción (29,2 %) y la inmigración (29 %). Estos datos revelan un malestar ciudadano que no podemos ignorar y justifican la exigencia de políticas públicas más efectivas en seguridad, justicia y control fronterizo. Sin embargo, el debate público suele simplificarse hasta convertir a los migrantes en chivos expiatorios de nuestra inseguridad, lo que además de injusto es contraproducente.

Un informe reciente de la fundación porCausa recuerda que los migrantes aportan un 10,3 % del PIB chileno pese a representar el 8,7 % de la población, que su mayor tasa de participación laboral explica la mitad del crecimiento económico de la última década y que su presencia no supone una carga fiscal. Cada migrante aporta en promedio 604 dólares netos al Estado, más de tres veces lo que aporta un nativo. Estas cifras derriban el mito de que la inmigración empobrece a Chile y evidencian que, bien gestionada, puede ser parte de la solución a nuestro envejecimiento demográfico y a la necesidad de mano de obra.

La ciudadanía tiene derecho a exigir un Estado que controle la delincuencia con eficacia, pero también tiene la responsabilidad de no caer en discursos simplistas ni xenófobos. Combatir la corrupción en el sistema judicial y dotar de recursos a las policías para desarticular bandas criminales es tan urgente como regularizar a quienes han llegado a trabajar y aportar. A largo plazo, una política migratoria inteligente y humana fortalecerá nuestra economía y nuestra democracia.

Atentamente,

Marcela Álvarez

Socióloga y especialista en políticas públicas.

Santiago

Las implicancias son graves. De haber existido una norma como esta en el pasado, jamás habríamos conocido la verdad detrás de casos emblemáticos de corrupción como Penta, SQM, Dominga, Enjoy, Torrealba o los más recientes Hermosilla, ProCultura y Democracia Viva. Todos ellos podrían haber quedado sepultados bajo un manto de impunidad. La amenaza no se limita a la prensa: cualquier persona podría ser perseguida por difundir información de interés público.

Por qué debemos preocuparnos: ejemplos de otras “leyes mordaza”. En España, la Ley Orgánica 4/2015 (“Ley Mordaza”) otorga amplios poderes a la policía y limita la difusión de imágenes de agentes; en Cuba, la Ley 88/1999 se usó para encarcelar a decenas de periodistas; en Puerto Rico, la Ley 53 de 1948 prohibía abogar por la independencia; en Perú, una reforma al Código Penal discutida en 2024‑2025 buscaba aumentar las penas por difamación.

Todas se presentaron como herramientas de seguridad, pero terminaron siendo instrumentos para silenciar a la prensa y blindar la corrupción.

A ello se suma la fragilidad de nuestro ecosistema mediático: el 47,5 % de las comunas son desiertos informativos y la aridez llega al 75 % del territorio nacional. En esas zonas, la radio suele ser el único medio que informa de lo que ocurre. Proyectos como Diario El Informe existen precisamente para llenar ese vacío. Castigar la difusión de información no solo afecta a los periodistas, sino que priva a comunidades enteras del derecho a saber.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad. No permitiremos que se silencien las voces que denuncian ni que se restrinja la transparencia. Llamamos a nuestra audiencia —especialmente a las generaciones jóvenes— a informarse, reflexionar y alzar la voz. Comparte este mensaje, conviértelo en tendencia y exige a tus representantes que rechacen la Ley Mordaza 2.0. La defensa de la libertad de prensa no es solo una tarea de periodistas; es una causa ciudadana que compromete nuestro presente y nuestro futuro.

La noticia de que Italia ha declarado la obesidad como una enfermedad crónica es, en sí misma, un paso crucial. Pero para las mujeres y madres chilenas que, como yo, somos parte del programa Jefas de Hogar, esta decisión tiene un significado mucho más profundo y urgente. No es solo una cuestión de salud pública, sino también de reconocimiento social, de dignidad y de igualdad. 

En mi rol de presidenta de una organización de mujeres, veo a diario cómo la carga de la obesidad recae de forma desproporcionada sobre nuestros hombros, especialmente en los barrios y sectores más vulnerables. No es casualidad que las cifras de sobrepeso y obesidad en Chile sean alarmantes, con más del 74% de los adultos y un porcentaje preocupante de nuestros niños y niñas afectados. La obesidad no es una elección personal, no es falta de voluntad o flojera. Es, en muchos casos, el resultado de una suma de factores estructurales: la falta de acceso a alimentos frescos y nutritivos, la escasez de tiempo para cocinar debido a las dobles y triples jornadas laborales, y la nula o limitada oportunidad de realizar actividad física. 

Nuestras rutinas como jefas de hogar son un reflejo de este problema. La prioridad es el sustento de la familia, lo que muchas veces nos obliga a elegir la opción más rápida y económica: el alimento ultraprocesado que llena el estómago, pero que carece de valor nutricional. En los barrios, las ferias libres no siempre están disponibles, y las verdulerías ofrecen productos a precios inalcanzables. En cambio, el negocio de comida chatarra está a la vuelta de la esquina. 

Además, ¿cómo podemos hablar de ejercicio cuando muchas de nosotras trabajamos y cuidamos de la casa sin un momento libre, y cuando los parques y plazas de nuestras comunas no son seguros? 

La decisión de Italia nos invita a reflexionar: si la obesidad es una enfermedad, ¿por qué en Chile no la tratamos con la misma seriedad? Necesitamos políticas públicas que vayan más allá de las etiquetas nutricionales en los envases. Necesitamos apoyo real, campañas de salud mental que aborden la ansiedad y el estrés, programas de alimentación que sean accesibles y dignos para todos, y espacios seguros para el deporte en nuestras comunidades. 

Es hora de dejar de estigmatizar a quienes viven con obesidad y de reconocer que este es un problema sistémico que afecta especialmente a las mujeres, a los niños y a las familias de los sectores más desprotegidos. 

La obesidad en Chile es un asunto de derechos humanos, y la solución debe ser una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de quienes la padecen. 

Atentamente, 

Patricia Salas Vielma. 

Presidenta de la Organización Mujeres Unidas por el Progreso Comuna de Quintero.  

Atrás quedaron los días en que el éxito de un artista se medía únicamente por el rating o las ventas de discos. Hoy, los KPI (Key Performance Indicators) del estrellato son otros: los millones de reproducciones en Spotify, el engagement en Instagram, las visualizaciones en TikTok y la fidelidad de una comunidad que sigue tus pasos de cerca en plataformas como YouTube o Twitch. No es casualidad que figuras como Paloma Mami o Princesa Alba se hayan convertido en fenómenos. Su ascenso no fue orquestado por una discográfica multinacional en sus inicios, sino que partió de una estrategia de marketing digital innata, con un contenido visual y sonoro que conectaba directamente con una audiencia joven, que valora la autenticidad y el “hazlo tú mismo”. 

En la era del marketing de contenidos, los artistas se han convertido en sus propios jefes de marca. Ya no necesitan un equipo que les maneje la comunicación si ellos mismos son los generadores de ese contenido. El artista moderno es, a la vez, el creador, el publicista, el gestor de comunidad y el director de arte de su propio proyecto. Pensemos en el caso de Denise Rosenthal, que logró redefinir su carrera al pasar de ser una estrella juvenil de televisión a una referente de la música pop chilena. Su estrategia de branding personal en redes sociales, donde mezcla su música con un mensaje de empoderamiento y activismo, ha sido clave. Su marketing de influencia no es sobre vender un producto, sino sobre defender una causa, lo que genera una conexión mucho más profunda y duradera con sus seguidores. Es la demostración de que una estrategia de funnel de conversión en el mundo del arte ya no termina con una venta, sino con una comunidad leal y participativa. 

Esta transformación no es exclusiva del mundo musical. La comedia chilena también ha encontrado su nuevo escenario. Comediantes como Edo Caroe o el colectivo de El Sentido del Humor (con Luis Slimming a la cabeza) han demostrado que la risa puede ser un negocio rentable fuera de la televisión. Sus canales de YouTube y sus podcasts, financiados en parte por plataformas como Patreon, han construido un modelo de negocio sostenible basado en la fidelización de la audiencia. Ellos controlan su propio contenido, tienen una relación directa con su público y, lo más importante, no dependen de la aprobación de un canal para existir. 

Esta descentralización del poder mediático es una victoria para la libertad de expresión y la diversidad cultural. Sin embargo, no todo es color de rosa.

La precariedad laboral, el engagement efímero y la constante presión por generar contenido, son las caras menos glamorosas de este nuevo estrellato. El artista, en esta dinámica, se expone a una hipervigilancia de su vida personal y profesional, con una línea borrosa entre lo que se muestra y lo que realmente es. La viralización puede ser una bendición y una maldición, un impulso que te catapulta a la fama pero que también puede dejarte en el olvido al cabo de unos meses si el algoritmo decide que ya no eres relevante. 

El fenómeno de las redes sociales, para bien o para mal, ha democratizado el acceso al estrellato, aunque a la vez ha precarizado su base. Hoy, cualquier persona con talento y una buena estrategia de content marketing puede aspirar a tener una voz en el ecosistema cultural, sin importar si viene de Santiago o de regiones. La descentralización, de la que tanto hablamos en este medio, se vive en tiempo real a través de cada video de TikTok y cada stream de YouTube que se viraliza. 

El desafío para el periodismo cultural de hoy, y para los mismos artistas, es entender que el éxito no es solo un número. Es la capacidad de trascender el “like” para construir una carrera sólida y duradera, con una propuesta que se sostenga más allá de un trend pasajero. En un mundo donde todo es efímero, las verdaderas estrellas son las que, a pesar de los algoritmos y los feeds, logran mantener una conexión humana y auténtica con su público. Ese es el verdadero KPI del presente y futuro de la cultura en Chile.

El sábado 31 de agosto se vivió una nueva edición del denominado “Superclásico” del fútbol chileno, entre los dos equipos más populares del país: Colo-Colo y la Universidad de Chile. El resultado fue 1-0 para los albos. Pero otro saldo de este enfrentamiento fue la muerte de un nuevo hincha del Cacique. Este se encontraba en el techo del estadio, desde donde cayó al vacío. Un hecho que se suma a la larga lista de incidentes de gran connotación ocurridos este año. 

El 10 de abril, Colo-Colo enfrentó a Fortaleza por Copa Libertadores. En esa jornada, dos jóvenes murieron en medio de un confuso incidente en los perímetros del estadio Monumental. Tras aquello, se produjeron desórdenes dentro del estadio que llevaron a la suspensión del partido. Conmebol castigó al “Popular” con la cancelación final del encuentro —con un marcador a favor de la visita de 0-3—, una sanción económica de USD 80.000 y una serie de partidos a puertas cerradas, sin posibilidad de tener público visitante en sus expediciones al extranjero. 

A su vez, la Universidad de Chile, el 20 de agosto pasado, estuvo involucrada en uno de los hechos más violentos vistos en los últimos años en partidos Conmebol. Barristas del “Bulla” se enfrentaron con hinchas de Independiente de Avellaneda en una pelea masiva que terminó con golpes, personas semidesnudas y una caída de más de diez metros de altura. Aunque la parcialidad trasandina tiene evidente responsabilidad, es probable que la “U” reciba algún tipo de castigo deportivo. 

Todo esto ocurrió tan solo este año. 

Ir a un partido de fútbol en Chile es exponer la vida. Y lamentablemente no es una exageración. Tanto es así que ya existen proyectos de ley al respecto. Sin contar que cada vez son menos los alcaldes que quieren tener en sus comunas encuentros donde estén presentes los “grandes”. Como el alcalde de Independencia, quien aboga porque no se juegue la Supercopa —justamente entre los dos grandes del fútbol chileno— en el estadio Santa Laura. 

Si rememoramos, también existen otros hechos perjudiciales en los que la hinchada ha sido un estorbo para las aspiraciones deportivas de los clubes. Como la final de la Copa Sudamericana 2006, donde, por incidentes en la semifinal entre Colo-Colo y Toluca, el estadio fue suspendido, debiendo trasladar el partido al Nacional. Algunos argumentan que ese cambio contribuyó a la derrota del Cacique contra Pachuca. 

Más recientemente, en 2022, la Universidad Católica fue sancionada por el lanzamiento de objetos y por gestos racistas de un grupo de sus hinchas hacia los aficionados de Flamengo. Estos hechos derivaron en una multa total de US$ 70.000. Además, se ordenó el cierre total de la tribuna Ignacio Prieto por tres partidos en competiciones Conmebol. 

Cuando el equipo anda mal, parece que la hinchada lo hunde más: hacen perder dinero, hacen perder en lo deportivo y hacen perder a la sociedad. ¿Son todos los hinchas los que causan este daño? Evidentemente no. Pero debe haber un cambio en cómo se aborda el problema. 

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha advertido a los clubes sobre las consecuencias de no actuar firmemente en temas de seguridad. Además, se ha discutido la necesidad de un cambio de enfoque en la seguridad de los estadios, que no se limite solo a la acción del Estado, sino también al rol de los clubes en la prevención de la violencia. Pero no debe ser únicamente desde un rol logístico, como entregar listas o hacer identificaciones, sino desde una ruptura real de los lazos con las barras bravas. 

Es necesario trabajar en conjunto en la cultura del fútbol para lograr separarla del mundo criminal y del narcotráfico, cortar con los grupos de presión que son utilizados a conveniencia en épocas de elecciones de directivas, y terminar con las concesiones y facilidades de entrada a los estadios y entrenamientos de estos grupos. Todo esto está documentado y ha sido ampliamente denunciado por periodistas como Juan Cristóbal Guarello y por la experta en seguridad pública Pilar Lizana, en su columna del 18 de abril en El Líbelo. 

Entonces, si ya es de público conocimiento, y que se sabe que además es nocivo para las aspiraciones centrales de las instituciones deportivas (ganar plata, tener éxitos deportivos y ser una entidad con impacto en la sociedad), debe haber, por lógica, un cambio de paradigma. Los actores intervinientes deben ser valientes y crear un sistema verdadero de tolerancia cero a los hechos de violencia, porque solo así dejarán de existir las hinchadas tóxicas que no hacen otra cosa que dañar a los verdaderos hinchas del fútbol, aquellos que quieren volver a disfrutar de nuestro deporte rey y, sobre todo, a los mismos clubes y sus aspiraciones deportivas y económicas. 

Porqué de seguir así, el fútbol se convertirá en el peor de los negocios.